La movilización, realizada con motivo de la conmemoración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe fue impulsada por la Campaña por la Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, congregó a representantes de instituciones como Flora Tristán, Demus, Milenia Comunicaciones, Movimiento El Pozo, Kolektiva Rebeldías Lésbicas Perú Afro, y también a integrantes de Promsex, el Movimiento Manuela Ramos, MHOL y el Colectivo Acción Crítica.
Las activistas permanecieron desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde en los exteriores del Congreso de la República coreando consignas e informando a los transeúntes acerca del impacto negativo que tiene la criminalización del aborto sobre los derechos de las mujeres.
“Aborto legal para no morir” fue una de los lemas que repitieron las manifestantes, quienes también destacaron en todo momento la necesidad de que se garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y reproducción, sin interferencias de ninguna organización religiosa.
Rossina Guerrero, representante del Centro de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX manifestó que el aborto inseguro, además de ser una vulneración de los derechos de las mujeres constituye un problema de salud pública que debe ser enfrentado urgentemente por el Estado, por lo que destacó la necesidad de proceder a despenalizar el aborto por las causales de violación y malformaciones congénitas en el feto incompatibles con la vida, según el acuerdo adoptado en octubre de 2009 por la Comisión Revisora del Código Penal. “El actual Congreso debe retomar el anteproyecto de ley aprobado por la mencionada Comisión y poner el tema en debate, sin tomar en cuenta las presiones de tipo confesional que no tienen razón de ser en un Estado laico”, indicó. Asimismo, demandó que el Ministerio de Salud proceda a aprobar de inmediato un protocolo nacional que permita viabilizar el aborto terapéutico, legal desde 1924, en todos los establecimientos públicos de salud del país.
Por su parte, Jennie Dador, del Movimiento Manuela Ramos expresó que la criminalización del aborto afecta principalmente a las mujeres más pobres, que se ven obligadas a someterse a prácticas inseguras que muchas veces les causan la muerte, o de lo contrario, producen graves daños en su salud. “Es una discriminación que no podemos admitir, así como tampoco podemos permitir que se nos siga recortando nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sexualidad libres de la tutela del Estado y la injerencia de la iglesia”, acotó.
Se estima que cada año se producen en el Perú más de 371 mil abortos clandestinos, en condiciones que vulneran la dignidad de las mujeres y las exponen a graves riesgos. Actualmente el aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en el país.
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