Homo lesbo transfobia de Estado

Corría el año 2005 y salía con una mujer. Un día caminábamos por Miraflores y entramos a una calle pequeña, tranquila y poco transitada. Nos besamos como lo hace tanta gente heterosexual en cualquier calle cuando se gustan y sienten afecto.

En ese momento apareció un sereno motorizado y nos “intervino”. Pidió que nos retiráramos, que algunos vecinos se habían quejado y que podríamos ser sospechosas de “campanas” –personas que avisan a los ladrones para robar las casas-. En ese momento me indigné muchísimo: podía suponer la sorpresa y rechazo del sereno al ver a dos mujeres besándose, pero de allí a pretender echarnos de la calle y deslizar la posibilidad de ser delincuentes, era demasiado.  Se trataba de un agente municipal, se suponía que él debía cuidar a la gente que transitaba en Miraflores y no violentar a una pareja de mujeres en base a sus prejuicios lesbofóbicos.

Le increpé al sereno que no podía hacernos eso y le recordé cual era su obligación. Fue peor, tomó su radio y pidió apoyo a una comisaría porque había intervenido a dos “féminas” y estaba solo. Reaccioné en ese instante y le dije que esperaría el auto patrullero, que esta vez sería yo quien exigiría ir a la comisaría para denunciarlo a él. Lamentablemente a mi acompañante no le gustó nada lo que dije, se asustó mucho y me pidió retirarnos del lugar. El sujeto canceló el pedido a la comisaría y antes de irse espetó que no era posible que mujeres de apariencia “normal” hiciéramos “eso”.

Nunca denuncié nada, la chica de ese entonces no quería que dé sus datos ni que mencione nada de lo sucedido. La entendí.

Meses después me volví activista lesbiana y luego empecé a frecuentar el movimiento feminista. No permitiría que volvieran a tratarme así y trabajaría para que otras lesbianas conozcan sus derechos y para que la sociedad empiece a entender que es necesario hacer de este país un lugar vivible para las lesbianas, transgénero, gays y bisexuales (LTGB).

Cuando patrones socio culturales establecen reglas de convivencia intolerantes a la diferencia y a la diversidad de género y sexo afectiva, se instaura una sociedad segregacionista que normaliza el rechazo y la violencia a quienes son y viven diferente a lo heterosexual. Y eso es ponerse de espaldas a la diversidad, es negar una realidad y lo que es peor, es erosionar la base que toda sociedad civilizada, democrática y saludable debe tener: igualdad y libertad.

Las mujeres somos diferentes a los hombres pero tenemos iguales derechos, las/os LTGB somos diferentes a las/os heterosexuales pero tenemos iguales derechos. Si un servidor público duda de esto o no lo conoce, entonces hay que capacitarlo como el sereno de Miraflores en el 2005. Pero si un funcionario o autoridad del Estado como un Ministro/a o Congresista cree que no es así merece ser sancionado, porque quien ostenta un cargo de tal envergadura no puede alegar su creencia o prejuicios para discriminar, violentar o negar derechos a nadie. Es su obligación conocer la Constitución del Estado y defender y promover los derechos fundamentales de todas y todos los peruanos (LTGB, mujeres, afro descendientes, indígenas, personas viviendo con VIH). No hacerlo es incurrir en infracción constitucional.

Por eso, lo hecho por el congresista Julio Rosas al invitar y condecorar a líderes homofóbicos en las instalaciones del Congreso (http://utero.pe/2014/03/19/congreso-peruano-condecora-a-lider-mundial-de-la-homofobia/ ) para promover la discriminación e incitar al rechazo y odio a LTGB, merecería mínimamente el rechazo claro y contundente de otras/os congresistas. Pero no, no se oyen voces, excepto el congresista Carlos Bruce –promotor de la ley de unión civil para homosexuales- los demás mantienen un silencio cómplice.  Es que aquellas y aquellos congresistas que se ufanan ser defensoras y defensores de los derechos humanos no tienen nada que decir? Dejarán que el Sr. Rosas siga incitando al odio impunemente?

Mientras se siga considerando a los LTGB como ciudadanos subalternos a lo que se les puede discriminar y violentar desde el propio Estado, estaremos muy lejos de ser un país democrático y sano. Será el Estado responsable por omisión y negligencia de la violencia y asesinatos por motivo de orientación sexual e identidad de género.

A la gente de distintas instancias del Estado que más de una vez me manifestaron su preocupación por no tener casos que den cuenta de la vulneración de los derechos de los LTGB, lo del congresista Rosas constituye un caso vergonzoso y flagrante de lo que no debe hacer un funcionario o servidor público. La discriminación es un delito y la homo lesbo transfobia silencia, niega y mata.